La pandemia causada por covid-19 ha dejado grandes estragos en lo que respecta a la economía de la mayoría de los países, cuyas actividades productivas, se vieron radicalmente afectadas por el confinamiento, sin embargo, las cuarentenas también han beneficiado a aquellas empresas digitales cuyas ventas aumentaron exponencialmente.
Los medios digitales cobraron especial fuerza durante el confinamiento
Las personas han aumentado las horas que pasan en las redes sociales, desde que la pandemia limitó nuestras actividades en el exterior. Esto afectó a muchos pequeños negocios, e incluso a grandes empresas, cuyas actividades comerciales dependían de la presencia de sus trabajadores y clientes. Sin duda alguna, este momento de crisis para muchas compañías, posibilitó el salto hacia el éxito de aquellas empresas que se adaptaron con prontitud a las nuevas necesidades de sus clientes.
En fechas recientes la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) anunció la propuesta de un plan, que se trata de un acuerdo mundial, al que se espera, se sumen al menos 140 países, para garantizar que las empresas paguen los impuestos que les corresponden. Este plan lleva por nombre “Acuerdo sobre el impuesto mínimo global”, pero ¿en qué consiste dicho acuerdo?
Los pilares que esta propuesta tiene son: la economía digital y el impuesto mínimo global. La principal razón por la que se pensó en poner en marcha esta planeación es que las empresas, en sus intentos por evadir el pago de sus impuestos, sobre las ganancias que obtienen, llevan sus capitales a países en los que pagan o muy bajas tarifas de impuesto, o incluso no contribuyen al gasto público con nada.
Paraísos fiscales
Los países en los que se permiten estas prácticas evasivas, se les ha denominado como “paraísos fiscales”. Lo cierto es que, las facilidades que estos territorios ofrecen a las grandes empresas ponen en desventaja a aquellos que les exigen a éstas el pago de su contribución tributaria. Lo que se pretende con esta nueva planeación, es que los países puedan competir de manera sana, es decir, no a través de estrategias en las que las empresas tengan la ventaja, sino del mejoramiento del territorio, es decir, que ofrezcan infraestructura y capital humano con trabajadores que estén realmente capacitados para llevar a cabo sus labores.
Por esta razón, principalmente, es que se ha determinado acordar que los países se adhieran a este proyecto, con la intención de poner un suelo firme para una competencia justa, misma que permitirá que los países puedan obtener ingresos que les ayude a activar sus economías. En el caso del primer pilar, que refiere a la economía digital, se ha hecho evidente, debido al exponencial incremento de ingresos en estas empresas, que no hace falta ocupar un espacio físico dentro de un territorio, para emprender actividades comerciales, por lo que se ha determinado que estás empresas deben rendir tributo a los países en que llevan a cabo dichas prácticas.
El convenio propone que las empresas que tienen ventas de al menos 20 mil millones de dólares, cuya retribución sea del 10%, paguen impuestos a los países en los que operan de no menos del 15% de sus ganancias. Esto significa no sólo que las empresas ya no podrán evadir impuestos mudando sus capitales a su conveniencia, también implica que no será posible que intenten abusar de ellas a través del cobro de un impuesto excesivo.
Si bien aún quedan algunos espacios en blanco sobre todas las implicaciones que tendrá este acuerdo en las empresas y las economías de los países, en el caso de México podrían obtenerse, a partir de este planteamiento tributario, un aproximado de 30 mil millones de pesos; una cantidad que, sin duda, beneficiaría de manera clara a nuestra economía.
El objetivo es que este dinero sea destinado, en su mayoría, a la realización de obras públicas que mejoren nuestra infraestructura y permitan la activación de nuestra economía. Aún quedan por confirmarse la participación de otros países, mientras que Kenia, Nigeria, Pakistán y Sri Lanka no han querido adherirse a esta propuesta, sin embargo, los que han aceptado, en conjunto, representan el 90% de la economía de todo el mundo. Conocer esta normativa nos permitirá estar pendientes de que, en nuestro caso, y como ciudadanos, exijamos que, en efecto, los recursos lleguen al destino deseado, que es el de la activación de la economía en beneficio de toda la sociedad.
