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En la historia fiscal de nuestro país no es poco común encontrar deudas del sector privado con hacienda. En este sexenio y el anterior, hemos visto un interés especial del gobierno por perseguir a las grandes empresas deudoras. Ahora, en el ojo del huracán se encuentra Movistar, empresa de telefonía que era competencia directa de Telcel. Su deuda se encuentra bajo los reflectores por el interés que ha puesto la presidenta en ella, además, la posibilidad de que la empresa desaparezca del país añade otra capa de complicaciones.
En este artículo hablaremos de Movistar, de dónde viene la deuda que tiene con el SAT, en qué va el proceso y qué podemos esperar que ocurra. A su vez, analizaremos el interés de la autoridad por regularizar el sector privado y sus consecuencias.
Movistar es una empresa de telefonía española que llegó a México en 2001 y comenzó a ser la competencia directa de Telcel. Aunque ofrecían planes competitivos, muchos usuarios volvían a compañías nacionales por no contar con señal en muchas zonas. Esto ocurría por la falta de inversión en infraestructura propia por parte de Movistar.
Ahora bien, hay que entender que Movistar pertenece a Telefónica y que antes de eso perteneció a Pegaso PCS S.A. de C.V., conglomerados de telefonía. En 2014, Pegaso y Telefónica se fusionaron; sin embargo, el SAT no permitió que se dedujeran gastos de dicha fusión. A partir de ese momento la empresa de telefonía española comienza a deberle al SAT una suma que continúa creciendo.
Actualmente la deuda de Movistar asciende a los 4 mil 442 millones de pesos. Claramente es una suma de gran interés para el SAT.
El pasado jueves 6 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum, en su conferencia mañanera, aludió al caso de Movistar con el SAT. La presidenta no se dirigió directamente a la empresa española, sino que pidió información sobre el estado actual del litigio y llamó a la Corte a actuar conforme a la ley.
Parte de la preocupación por el caso es que recientemente se anunció la salida de Telefónica de mercados latinoamericanos. Marc Murtra, presidente de Telefónica, declaró que saldrán de Chile, Venezuela y México como parte de una estrategia para concentrarse en mercados donde tienen mayor presencia como lo son España, Alemania, Brasil y Reino Unido. Entonces, la autoridad teme que la empresa se disuelva en México sin haber liquidado su deuda.
Entre los consumidores que tienen servicios contratados con Movistar, también existen preocupaciones. Hay mucha incertidumbre sobre si van a seguir teniendo servicio telefónico. Al parecer, será Virgin (empresa de telefonía británica) la que se quedará con los clientes de Movistar. Aunque, claro, esto último no resuelve el asunto de la deuda.
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El pasado 18 de junio, una sesión privada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estaba programada para que se discutiera el caso. Sin embargo, hubo una interrupción que llevó a que no se continuara con la sesión dejando el caso inconcluso. El abogado representante de Movistar, Benjamín Hurtado Villanueva, argumentó que el caso debía resolverse conforme a las reglas anteriores a la reforma judicial, convocó al artículo 17 constitucional.
El mes siguiente, Movistar presentó el recurso de reclamación 158/2025. Sin embargo, no procedió.
Pese a la presión por parte del poder Ejecutivo y la inminente salida de Telefónica de México, la Suprema Corte de Justicia parece no darle mayor prioridad.
Muchos de nosotros recordamos que en el sexenio pasado hubo casos similares al de Movistar; el de grupo Alsea o Salinas, por ejemplo. El gobierno en turno se jactaba de llevar a la justicia a las grandes empresas deudoras. Claramente el objetivo siempre fue aumentar los fondos del presupuesto del gobierno federal. Para nosotros como expertos fiscales no es ningún secreto que al final ese es el objetivo de todo pago de impuestos.
Sin embargo, los casos de persecución a las grandes empresas también tienen beneficios de imagen para la autoridad. Se aparenta severidad con los grandes contribuyentes dando una falsa sensación al resto de los contribuyentes sobre la justicia del sistema. Entre colegas contadores y abogados fiscalistas sabemos que la autoridad también es implacable al momento de perseguir PYMES o emprendedores independientes. Además, ellos tienen la desventaja de no contar con demasiados recursos para su defensa. Sin mencionar que el fallo en estos casos no se hace esperar once años como el de Movistar.
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El pasado 6 de noviembre, durante la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum, llamó la atención al caso de la deuda de Movistar con el SAT. La empresa de telefonía española pertenece a Telefónica y está en vías de salir del país. Sin embargo, tiene una deuda millonaria con hacienda de 4 mil 442 millones de pesos. A la autoridad le preocupa que la empresa salga del territorio nacional; el caso no ha sido tratado aunque es un problema que se viene arrastrando desde 2014 cuando no se permitieron las deducciones de la fusión de Pegaso con Telefónica.
El caso es propio de la estrategia de los dos últimos gobiernos, perseguir deudores del SAT, en muchas ocasiones haciendo espectáculo de los grandes deudores. Como expertos fiscales podemos asesorar a nuestros clientes de la mano de Gazhal, suscríbete y asesora a tus clientes como un profesional.
¿Qué opinas del caso de Movistar y el SAT? Cuéntanos en los comentarios.
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