Al momento de hablar de historia de México es imposible no hablar de la iglesia católica. Por siglos esta institución dio forma a las leyes y a la vida social de nuestro país. Sin embargo, en la búsqueda por independencia y en los años venideros la ley intentaría deslindarse lo más posible de la iglesia. El camino no fue fácil y se tuvieron que tomar decisiones drásticas con las que muchos estuvieron en desacuerdo en su momento pero que al final del día lograron su cometido.

Un problema específico fue la cantidad de tierras que poseía la iglesia en México. Alrededor de la decisión de nacionalizarla se crearon varias leyes para proteger la propiedad de los mexicanos de la privatización eclesiástica. En este blog recapitulamos la historia de la Nacionalización de Bienes Eclesiásticos y las leyes que se crearon para llevar a cabo dicha empresa.

Antecedentes de la Ley de Nacionalización de Bienes Eclesiásticos

Quitarle las tierras a la iglesia no resultó tan buena idea como se esperaba. Es sabido que durante el virreinato y hasta antes de la primera mitad del siglo XIX, la iglesia acumuló gran riqueza y tierras, tierras que no eran trabajadas, ni productivas, ni habitadas; sólo eran acumuladas.

En los esfuerzos de las leyes de reforma se encontraba la intención de impulsar la economía en México. Desde aquel entonces y hasta ahora, el campo mexicano ha sido fértil y gran fuente de empleo, por ello se buscó fortalecerlo. Por ello el gobierno quería buscar la manera de poner a trabajar terrenos baldíos y propiedades eclesiásticas que se encontraban inutilizadas.

A su vez, reclamar estas tierras para los mexicanos era reiterar una vez más el deseo de separar la Iglesia del Estado. La cual era una de las grandes preocupaciones de los liberales.

¿Cómo reclamar las tierras de la iglesia de manera constitucional?

Al advertir esta problemática, algunos creyeron que este problema podía corregirse, luego de pensar en cómo revertir los daños a la sociedad y al estado, que la iglesia, con la acumulación excesiva de bienes, había hecho; idearon una ley con la intención de que la recuperación de las tierras fuera un acto constitucional, además la ley tenía el propósito de que no volviera a ocurrir dicho acumulamiento de tierras.

La Ley de Desamortización de Fincas Rústicas y Urbanas Propiedad de Corporaciones Civiles y Eclesiásticas fue aprobada y decretada el 25 de junio de 1856, durante el gobierno provisional de Ignacio Comonfort. Se le conoce mejor como Ley Lerdo, pues su principal promotor fue Miguel Lerdo de Tejada, quien era ministro de Hacienda cuando la ley se promulgó.

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¿Qué es una ley de desamortización?

Antes de continuar, nos viene bien saber exactamente ¿qué es una ley de desamortización? que por esa época era bastante común:

Acción jurídica que permite expropiar tierras o bienes depositados en manos muertas, es decir, no productivas. Una vez expropiados, estas tierras o bienes eran puestos en subastas y comprados, generalmente por miembros de la clase burguesa, que las explotaban.

El objetivo de la Ley Lerdo

¿Qué decretaba la Ley Lerdo? La venta a particulares de las propiedades rurales que en ese entonces pertenecían a la Iglesia católica o a las corporaciones civiles, esto con el fin de fomentar la actividad económica; crear una clase media rural, es decir que pudieran adquirir tierras a buenos precios, además, con la venta de estos terrenos sería posible obtener impuestos de dichas transacciones.

Esta ley formó parte de las Leyes de Reforma, que fueron expedidas entre los años 1855 y 1861 por el sistema político liberal de México, que inició una reorganización del gobierno y la separación entre el estado y la iglesia católica. Es muy importante tomar esto en cuenta, porque de alguna manera, es un parteaguas en la reconfiguración de México pues, de alguna manera le quita muchísimo poder a la iglesia que, en ese entonces era casi todopoderosa.

Da pie a un nuevo orden secularizado en el que es posible pensar fuera de los mandatos de la iglesia católica. De modo que la Ley Lerdo, así como las Leyes de Reforma, cumplen con un objetivo de carácter socio-político que es el de la secularización de la sociedad. Desde entonces, el Estado asumió la función de legislar sobre la «cuestión religiosa», en particular sobre el régimen patrimonial al que debían someterse los bienes eclesiásticos nacionalizados.

El pensamiento liberal se guio por la necesidad de acotar el poder económico y político de la Iglesia con el objetivo de consolidar el poder del Estado: ningún poder superior ni al interior ni al exterior. El principio fundante del ordenamiento jurídico mexicano fue la «independencia estatal frente a la Iglesia». No eliminó a la personalidad jurídica de la Iglesia, como más tarde derogaría el artículo 130 de la Constitución de 1917, pero recortó sus atribuciones y competencias.

Sin embargo, aunque la Ley Lerdo tiene todas las buenas intenciones del mundo, generó un nuevo problema muy parecido, pues no fueron las personas más pobres las que se beneficiaron de la venta de tierras. Fueron, como frecuentemente ocurría en las desamortizaciones, los burgueses quienes más se beneficiaron. Surgiendo ahí un nuevo problema; el latifundismo. (Problema del que hablamos en otro blog y que tratamos también en el contexto actual).

La reforma y México hoy

Aunque ahora nos parezca lo más común que se separe la Iglesia del Estado, en su momento fue revolucionario. Las Leyes de Reforma fueron un parteaguas para crear el país que hoy conocemos. Dado que las instituciones religiosas en sí no figuran fiscalmente, es necesario encontrar maneras en las que se ciñan a las leyes y a la justicia del país. Es decir, es fácil abusar del privilegio de no pagar impuestos, por ello hay que cuidar que otras leyes restrinjan su poder y cuidar la influencia que ejercen en la sociedad.