En México la palabra latifundio trae a la memoria las clases de historia en las que fuerza se hablaba del porfiriato. De hecho, es por este motivo por el cual la palabra tiene una connotación negativa. Sin embargo, hoy en día siguen existiendo latifundios en nuestro país, aunque existen leyes que pretenden evitar que se lleven a cabo sistemas opresivos como los que hubo en el pasado.
En este blog te contaremos exactamente qué se consideraba un latifundio y cómo se define ahora, qué leyes permitieron llevar a un sistema de explotación poco benéfico para la población y qué leyes evitan que ahora se repita la historia. Además, repasaremos qué impuestos deben de pagar los dueños de tierras agrarias de este tipo y cómo esto se vuelve benéfico para todos.
Un latifundio es una extensión de tierra agraria de gran tamaño que pertenece a un solo dueño. Puede, o no, ser de propiedad privada (aunque lo habitual es que sea de propiedad privada). La extensión que ha de tener un latifundio dependerá de la región y cultura en que se encuentre, ya que no existe una dimensión mínima exigida y universalmente aceptada para considerar a determinado terreno como un latifundio. En el caso de México, la delimitación de un latifundio ya está bien definida a más de 100 hectáreas.
En el siglo XIX en México existía un gran problema alrededor de la explotación de tierras. Muchos terrenos eran baldíos y muchos otros pertenecían a la Iglesia. Fue a partir de las Leyes de Reforma que se buscó reclamar estas extensiones de tierra. Específicamente, la Ley Lerdo (25 de junio de 1856), la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos (12 de junio de 1859) y el Decreto sobre Ocupación y Enajenación de Terrenos Baldíos (20 de julio de 1863) fueron las que impulsaron la compra de terrenos a muy bajo costo.
La intención era impulsar la economía y fortalecer el campo mexicano, en parte se logró el objetivo pues las tierras comenzaron a producir para la industria agrícola, sin embargo, no todo fue beneficioso.
Las leyes antes citadas incentivaron a grandes empresarios a comprar terrenos al por mayor. Durante el porfiriato se fortalecieron las leyes que fomentaban los latifundios, pues se eliminó la cláusula que limitaba la propiedad de hectáreas por persona a 2,500 hectáreas por persona. Además, se suprimió el requerimiento de poblar, fraccionar y cultivar las hectáreas, por lo que era posible poseer latifundios que no eran explotados económicamente pero que eran un bien privado que ya no podía estar al servicio del estado.
De tal suerte que extensiones inmensas de terreno eran compradas por personas con gran poder adquisitivo a bajo costo, muchas veces comprando tierras de campesinos que no tenían manera de comprobar que ellos eran los legítimos dueños de sus terrenos. De este modo, quedaban obligados a trabajar para un patrón que pagaba poco y que además los obligaba a comprar sus bienes en las llamadas tiendas de raya. En el estado de Chihuahua existió el caso de Luis Terrazas quien en 1887 llegó a comparar 20,104 hectáreas al bajísimo costo de 20 centavos por hectárea. Según estadísticas del INEGI en ese mismo año, el costo promedio por mayoreo del kilo de era de 18 centavos, apenas dos centavos más barato que un terreno de una hectárea en Chihuahua.
A raíz de este tipo de problemáticas, tras la revolución y varias reformas pacíficas de la ley se han logrado establecer en México delimitaciones que ayudan a evitar la privatización de enormes extensiones de terreno. De ahí surge el término pequeña propiedad agrícola.
Según el artículo 117 de la Ley Agraria:
Será una pequeña propiedad agrícola si el terreno, que debe medir cien hectáreas o menos, se destina a cultivos distintos a los señalados en las fracciones II y III de este artículo.
Las fracciones del artículo 117 especifican:
2. 150 hectáreas si se destina al cultivo de algodón;
3. 300 hectáreas si se destina al cultivo de plátano, caña de azúcar, café, henequén, hule, palma, vid, olivo, quina, vainilla, cacao, agave, nopal o árboles frutales.
A su vez el artículo también aclara que se considera pequeña propiedad forestal la superficie de tierras forestales de cualquier clase que no exceda de las 800 hectáreas.
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La Cámara de Diputados avaló reformar el artículo 115 de la Ley Agraria con el propósito de prohibir los latifundios, los cuales son definidos como todas las superficies de tierras agrícolas, ganaderas o forestales que, siendo propiedad de un solo individuo, excedan los límites de la pequeña propiedad. En dicho artículo, se establece claramente que se consideran latifundios las superficies de tierras agrícolas, ganaderas o forestales que, siendo propiedad de un solo individuo, excedan los límites de la pequeña propiedad.
En el artículo 116 aclara que por tierras agrícolas se entienden aquellos suelos utilizados para el cultivo de vegetales. Mientras que para las tierras ganaderas: son todos los suelos utilizados para la reproducción y cría de animales mediante el uso de su vegetación, sea esta natural o inducida.De otro modo, se consideran tierras forestales; los suelos utilizados para el manejo productivo de bosques o selvas.
La ley agraria advierte en el artículo 124 que todas las tierras que conforme a lo dispuesto en esta ley exceda la extensión de la pequeña propiedad individual, deberán ser fraccionadas, en su caso, y enajenadas de acuerdo con los procedimientos previstos en las leyes de las entidades federativas.
De modo que hoy en día es mucho más difícil que se encuentren latifundios en el país. El estado ha hecho un esfuerzo conjunto con la finalidad de evitar que una sola persona acumule mucha más riqueza y, sobre todo, que haya extensiones de tierra sin ser explotadas adecuadamente.
Además de contar con leyes que obligan a fraccionar también existen impuestos por poseer tierras, así como impuestos para el sector agrario. Por un lado, el predial es un impuesto que se paga al municipio en los primeros meses del año y se calcula sobre el valor catastral. Por otro lado, el sector agrario está obligado a pagar los siguientes impuestos: ISR (Impuesto Sobre la Renta), IETU (Impuesto Empresarial a Tasa Única) e IVA (Impuesto al Valor Agregado).
Como el sistema fiscal en México protege a los contribuyentes, depende de los ingresos anuales en cada caso para saber las condiciones en las que debe de presentar sus declaraciones y pagar. Por ejemplo, están exentos de pagar ISR aquellas personas dedicadas a la agricultura o ganadería cuyos ingresos anuales no excedan 40 veces el salario mínimo de la región geográfica.
Las leyes que restringen la cantidad de tierra por persona y los impuestos nos ayudan a evitar abusos de quienes tienen más poder adquisitivo. Acatarnos a ellas nos llevan a tener un país más justo que no repite los peores capítulos de su historia.
¿Conocías la historia de los latifundios en México? ¿Qué leyes cobran sentido ahora que la conoces? Cuéntanos en los comentarios.
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