En los próximos meses, las instituciones mexicanas encargadas del seguro social tienen que adecuarse a las nuevas reformas instauradas por el Estado regente. Además de atender el asunto del “outsourcing” en México, Andrés Manuel López Obrador ha implementado una serie de reformas laborales que repercute en el ejercicio fiscal de carácter patronal, financiero y sobre todo lo referente a los cambios en el Seguro Social.
Revisemos a grandes rasgos lo que ha publicado el Diario Oficial de la Federación (DOF).
A lo largo del 2022 se determinaron los detalles de algunas leyes que comenzarían a instaurarse para este nuevo año. En términos generales, se previó materia sobre:
A través de esta reforma laboral se busca una mayor aportación en lo que respecta a la carga patronal. Asimismo, se crearon reformas en el aumento respecto a la cesantía en edad avanzada y vejez.
La ley del Seguro social comenzará a aplicarse con esta reforma a partir del 1 de enero del 2023, y se buscará su instauración de manera gradual. Es importante señalar que la aportación del trabajador no cambiará.
Esto se deriva del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre de 2020. Aquí se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, en combinación con la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
Así, se decretó que el 2023 sería un año de incrementos en los porcentajes de cuotas patronales, con incremento gradual hasta el año 2030.
Este decreto también pretende modificar el pago en la Modalidad 40 del IMSS. El incremento será a partir del 2023, con un crecimiento de 1.0906% cada año hasta el 2030. En 2022 era de 10.075% y para 2030 será 18.803%. Quienes estén cotizando desde esta modalidad tienen que considerar esta implementación.
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A partir del 20 de julio se espera la respuesta de las instituciones del Seguro Social para adecuarse con lo avalado por el Congreso de la Unión desde hace unos meses.
Se buscará que todas las personas tengan acceso a la “protección social”, es decir a prestaciones como la pensión, el servicio médico y las guarderías.
“Todos” ahora implica las parejas en unión libre y las parejas del mismo sexo. Con base en esto se ha determinado que “conyugue” será un término genérico para poder usar en cualquier matrimonio. Además, se considerará la unión civil y todos los derechos, servicios y prestaciones que merecen los cónyuges de todos los sexos.
Asimismo, hay un apartado que indica el nuevo derecho para que la mujer trabajadora pueda designar un beneficiario o beneficiaria, con el propósito de trasladar una pensión de viudez.
Antes de contemplar estos detalles, se hacía la separación entre cónyuges y concubinos, además de sólo implementar los términos masculinos, de modo que excluían a las parejas igualitarias del sexo femenino.
Se menciona que es un paso para abolir la discriminación basada en el género o las preferencias sexuales. Por supuesto, junto con este acceso más amplio también se contemplan las obligaciones y restricciones de la legislación tradicional. Existen consideraciones previas para adquirir una pensión del ISSSTE y, de no llevarse a cabo, se perderá tal derecho.
El Senado aprobó estas modificaciones con unanimidad y con el compromiso de la igualdad legal. A más tardar, se plantea que estos cambios y reformas entraran en legislación en todos los servicios sociales (IMSS, ISSSTE) a partir de principios de 2024. Referente a 2023, será un año de modificación en cuanto a la ley laboral y social. Sin embargo, también se ha implementado que habrá un período de 180 días para adecuarse a las nuevas normativas.
De esta manera, se busca eliminar cualquier posibilidad de discriminación respecto a la prestación de servicios y los derechos de todos los ciudadanos. En el apartado “Transitorio” también se plantea que las instituciones serán libres de solicitar recursos financieros para adoptar estos nuevos requerimientos legales.
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